Introducción: Guatemala en estado de sitio
Lo que comenzó como una respuesta juvenil a la marginación se transformó en una infraestructura criminal transnacional que hoy paraliza un país durante 30 días. El 17 de enero de 2026, Guatemala entró en una de las crisis de seguridad más graves de su historia. Tres motines simultáneos en distintos penales marcaron el inicio de una ofensiva nacional del Barrio 18. Los reclusos tomaron 46 rehenes y exigieron el traslado de sus líderes hacia cárceles menos controladas. En 2025, 20 líderes ya se habían fugado de prisión.
La respuesta del Estado fue inmediata: la Policía Nacional Civil y el Ejército retomaron el control, pero la reacción de las pandillas fue feroz: 18 ataques armados con AK-47 dejaron 10 agentes muertos y 8 heridos graves. Ante el caos, el presidente Bernardo Arévalo decretó el Estado de Sitio nacional que suspende los derechos constitucionales, autoriza detenciones sin orden judicial y prohíbe las visitas carcelarias. El gobierno justificó esta medida, que dura 30 días, en términos de “terrorismo urbano”, argumentando que las pandillas buscaban desestabilizar el país y frenar las reformas judiciales. (Siguiendo la clasificación terrorista a MS-13 y Barrio 18 que Trump coordinó con Guatemala, se endurecieron las penas y se permitió un enfoque más agresivo de las fuerzas de seguridad).
Son dos grupos más de la lista que Trump actualizó en 2025, entre los que destacan los Carteles de Sinaloa y Jalisco de Nueva Generación, mexicanos,o el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua venezolanos. Pero la historia del crimen organizado en Guatemala empieza lejos de sus calles, sus volcanes y sus lagos. Se sitúa en un contexto menos esperado pero que bien pensado ofrece el caldo de cultivo perfecto para iniciar y hacer escalar empresas criminales, Los Ángeles, California.
Barrio 18 y MS-13: de pandillas juveniles a estructuras insurgentes
Durante la longeva guerra guatemalteca (1960-96) los migrantes que huían se asentaron en grandes cantidades en México y el sur de EEUU. En Los Ángeles, especialmente en barrios como Pico-Union, los migrantes centroamericanos (salvadoreños y guatemaltecos principalmente) se agruparon para sobrevivir en un entorno hostil dominado por pandillas mexicanas y afroamericanas. Ante la falta de protección estatal y la desintegración familiar provocada por la guerra, los jóvenes buscaron en la pandilla un mecanismo de autoprotección, identidad y cohesión.
Es en ese contexto en los 80s que la Mara Salvatrucha (MS-13) nace como una pandilla de heavy metal y de identidad stoner. En paralelo, el Barrio 18, nacido en los 60 de la escisión con una pandilla mexicana, absorbía a jóvenes de diversas nacionalidades bajo una lógica de expansión masiva. Ambas pandillas se convirtieron en mecanismos de defensa e identidad para migrantes marginados, y mutaron hacia grupos más violentos, pero su paso por las prisiones estadounidenses las transformó en verdaderas alumnas del crimen organizado, ya que adoptaron códigos y jerarquías de la mafia mexicana que conocieron en las cárceles que actuó de escuela del crimen y jerarquiza las pandillas e introducen preparación militar de guerrilla urbana, y códigos de comunicación.
Con la aparición de drogas de alto impacto como el crack y la cocaína, lo que empezó siendo un movimiento de defensa y orgullo latino se transformó gradualmente en una red de lucro económico. Las pandillas comenzaron a controlar mercados de droga a nivel de calle, extorsiones y otros delitos, utilizando la sofisticación aprendida tras las rejas para operar de manera más eficiente y violenta.
En 1996 con la aprobación de la Ley de Reforma de Inmigración ilegal y responsabilidad del Inmigrante en Estados Unidos, que permitió la deportación masiva de extranjeros con antecedentes criminales, miles de pandilleros formados en la violencia de California fueron enviados de vuelta a una Guatemala que acababa de firmar los Acuerdos de paz, sin que el Estado tuviera capacidad para reinsertarlos.
Estos retornados traían consigo una cultura de organización militarizada, una estructura ya profesionalizada y curtida en las cárceles: el tatuaje como símbolo de pertenencia, la lealtad al “barrio” por encima de la familia y el uso sistemático de armas de fuego. También importaron una rivalidad que se consolidó como una guerra permanente por el control territorial y económico. En pocos años, absorbieron a los grupos locales -la Mara Five, la 33..- imponiendo sus códigos y expandiendo su influencia en las zonas urbanas más empobrecidas de la capital.
Así Guatemala se convirtió en el nuevo epicentro de una red criminal transnacional que operaba desde México hasta Honduras. Las pandillas habían mutado, ya no eran expresión de rebeldía juvenil, sino estructuras económicas y jerárquicas orientadas a la dominación territorial y la extorsión sistemática.
La tormenta perfecta: desigualdad, corrupción e impunidad
La expansión de las pandillas debe entenderse en su contexto. Guatemala es uno de los países más desiguales de América: el 20% más rico concentra el 65% de los ingresos, mientras el 20% más pobre recibe el 2,6%. En barrios marginales, el Estado ni está ni se le espera.
Las pandillas ofrecieron lo que el Estado no pudo: identidad, pertenencia y subsistencia. En un país donde la impunidad alcanza el 95%, el crimen se institucionalizó como alternativa económica. Las familias fragmentadas por la migración y la pobreza empujaron a generaciones enteras de jóvenes hacia las redes criminales. Estas, a su vez, se convirtieron en familias sustitutas bajo códigos de lealtad absoluta.
La corrupción completó el esquema. Policías, militares y funcionarios participaron en esquemas de extorsión, protección o encubrimiento. La línea entre legalidad e ilegalidad se desdibujó, dando origen a un Estado paralelo controlado por mafias político-criminales.
Close-up: Dibujando a las pandillas, jerarquía, control y disciplina
Durante los 2000, las pandillas comenzaron a estructurarse bajo el código de la “vida loca”, una lógica de pertenencia que exige lealtad absoluta al “barrio” por enigma de la familia biológica y que normaliza la violencia como mecanismo de ascenso y supervivencia. El día a día pandillero se organizó a partir de rangos: niños y adolescentes como esquineros o banderas encargados de vigilar y alertar de presencia policial o grupos rivales. Con el tiempo, los aspirantes pasan a la etapa de chequeo, en que se les encargan misiones, y finalmente son brincados, tras superar pruebas de valor que, en muchos casos implican el asesinato de un rival o de un civil. Las mujeres participan en tareas de logística, cobros o transporte de armas, pero están sometidas a una violencia de género estructural dentro del grupo, su rito de iniciación puede ser igual al de los hombres, soportar una paliza de 13 o 18 segundos (13 en la MS-13 y 18 en el Barrio 18) o bien de carácter sexual con más de un pandillero.
Desde los 2000, las pandillas se convirtieron en un sistema de tributación paralela. La extorsión a transportistas, comerciantes y familias se institucionalizó como “impuesto de barrio”, generando ingresos que superan los 2.000 millones de quetzales anuales. A esta actividad se sumaron el narcomenudeo, mediante el control de líneas de distribución de marihuana y crack en los barrios, y el sicariato por encargo, utilizado para eliminar competidores o silenciar denuncias. El dinero obtenido iba progresivamente a empresas fachada para ser blanqueado. Con esos recursos las pandillas se armaron, corrompieron policías, reclutaron abogados y compraron voluntades políticas.
El Estado no se quedó quieto, entre el 2000 y el 2015 políticas de Mano Dura que aplicaban encarcelamientos masivos por tatuajes o apariencia trataron de debilitar a las pandillas. Pero resultó que el ingreso masivo de pandilleros al sistema penitenciario permitió centralizar el mando y convertir las cárceles en centros de poder. El 15 de agosto de 2005, cuando la MS-13 lanzó ataques simultáneos en distintos penales para romper un pacto de no agresión con el Barrio 18, se inició una guerra total entre las bandas lo cual elevó exponencialmente los niveles de brutalidad.
Durante la siguiente década, las prisiones se irían consolidando como el cuartel general del crimen organizado pandillero. En 2016 el asesinato del capitán Byron Lima dejó al descubierto la existencia de estructuras de poder paralelas que administraban negocios, castigos y alianzas dentro de los centros penitenciarios. Para entonces el entramado mafioso-político ya funcionaba. Funcionarios, policías, abogados y médicos brindaban protección a líderes pandilleros, facilitando traslados a clínicas privadas, les explican cómo usar la ley a su favor o directamente cobraban sobornos. Hay policías que incluso extorsionan a los propios pandilleros: les cobran para “mirar para otro lado”. Eso a su vez provoca que las pandillas necesiten más dinero y se lo sacan a la gente común.
Con los años las pandillas se conectaron también al narcotráfico a gran escala. Trabajan para los grandes cárteles de México: cuidan sus rutas, cargamento, barrios. A cambio reciben armas, dinero y más poder. Así dejaron de ser unas simples “bandas violentas” y entraron de lleno a formar parte del crimen organizado regional.
El contraste con El Salvador: eficacia represiva y fragilidad institucional
En El Salvador, la calificación de la MS-13 y el Barrio 18 como organizaciones terroristas -formalizada por la Corte Suprema en 2015 y profundizada bajo el gobierno de Nayib Bukele- funcionó como un catalizador de una política de seguridad altamente centralizada y sostenida en el tiempo. Esta designación permitió justificar un régimen de excepción prolongado, la detención masiva de presuntos pandilleros y el control efectivo del sistema penitenciario.
La estrategia salvadoreña logró una reducción drástica de los homicidios y la desaparición del control territorial pandillero en varias zonas del país. El marco jurídico que se implementó tras la designación terrorista alineó a las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el discurso político en términos de guerra contra un enemigo definido. No obstante, el alto grado de concentración de poder, el debilitamiento de los controles democráticos y varias denuncias de violaciones de derechos humanos hicieron el estado de emergencia de El Salvador algo controvertido.
En Guatemala, por el contrario, la designación terrorista no antecedió al control estatal, sino que fue una reacción tardía que reaccionaba al colapso del sistema penitenciario y la ofensiva pandillera. En vez de disciplinar las instituciones, la clasificación terrorista hizo evidente la fragilidad del aparato estatal. Las maras ya controlaban cárceles, territorios y economías ilícitas cuando fueron designadas terroristas, lo que convirtió la medida en un instrumento defensivo más que estratégico.
Mientras en El Salvador la designación terrorista precedió y facilitó la reducción de la violencia, en Guatemala coincidió con su escalada. La capacidad estatal explica la diferencia: un Estado con control territorial y penitenciario puede utilizar la excepción para imponer orden; un Estado capturado y débil sólo logra empeorar el conflicto. Esto evidencia, que la designación terrorista no es por sí misma una solución, sino una herramienta que debe ser respaldada con fortaleza institucional.
El Estado de Emergencia y la vida cotidiana
El estado de sitio en Guatemala está teniendo efectos inmediatos en la vida diaria de la población. La presencia militar en las calles, la ampliación de las facultades de detención y la restricción de derechos fundamentales generan un clima de control y temor. Aunque el gobierno aseguró que las medidas estaban dirigidas exclusivamente contra las pandillas, la suspensión de garantías afecta de forma generalizada a la ciudadanía.
La normalización del estado de excepción plantea riesgos a medio plazo. Cuando la seguridad se gestiona principalmente a través de medidas extraordinarias, el Estado de derecho se debilita y se establece un precedente que puede ser utilizado con fines políticos.
¿Por qué en El Salvador sí y en Guatemala no?
¿Por qué la designación terrorista y el régimen de excepción produjeron una reducción de la violencia en El Salvador, mientras que en Guatemala derivaron en una escalada de conflicto y en la imposición de un estado de sitio? Las pandillas son similares en ambos países, así que la respuesta no está en si son o no terroristas. La respuesta la hallamos en las condiciones estatales previas a la aplicación de la excepción.
En El Salvador, la designación terrorista fue parte de una estrategia impulsada desde el Ejecutivo con alta capacidad de control político, territorial y penitenciario. El Estado tenía el monopolio de la fuerza y lo reafirmó durante la excepción cargando rápidamente contra las estructuras pandilleras. Es decir se redujo la violencia porque la asimetría enre Estado y organizaciones criminales era clara.
En cambio, Guatemala llegó a la designación terrorista desde una posición de debilidad estructural. Las instituciones están fragmentadas, hay mucha corrupción y sin control del sistema penitenciario evitar los motines que surgieron como consecuencia de la designación era misión imposible. El Estado de Sitio es una reacción en vez de lo que fue en El Salvador, una estrategia.
Conclusión: la utilidad limitada de la designación terrorista
Esta comparación demuestra que la designación terrorista es útil cuando se aplica en contextos donde el Estado conserva el control y sobre todo donde hay una estrategia presente. Si las designaciones terroristas que la administración de Estados Unidos publicó el año pasado llevan esa lógica estratégica detrás, podemos estar dando pasos hacia la solución del crimen organizado en el resto del continente americano. Pero si de lo contrario es una medida reaccionaria… puede ser que veamos más violencia y estados de excepción como el que estamos viendo ocurrir en Guatemala.
