La deuda en el centro del orden internacional contemporáneo
En el sistema internacional actual, la deuda soberana ha dejado de ser un fenómeno coyuntural asociado a crisis macroeconómicas puntuales para convertirse en un mecanismo estructural de organización del poder global. El fuerte incremento del endeudamiento público tras la pandemia, la prolongación de un entorno de tipos de interés elevados y la creciente volatilidad financiera han situado a un número creciente de países del Sur Global en una posición de vulnerabilidad persistente. Sin embargo, reducir esta situación a un problema de “insostenibilidad fiscal” resulta analíticamente insuficiente. La deuda opera hoy como un dispositivo de gobernanza informal, que condiciona decisiones estratégicas, limita márgenes de política económica y reconfigura relaciones de dependencia.
La coyuntura actual es especialmente significativa porque coincide con una transición inacabada del orden financiero internacional. El sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial —centrado en el FMI, el Banco Mundial y la primacía del dólar— no ha colapsado, pero sí ha perdido capacidad de coordinación y legitimidad. Al mismo tiempo, la emergencia de nuevos actores financieros, en particular China, no ha dado lugar a una arquitectura alternativa plenamente institucionalizada. El resultado es un escenario de fragmentación funcional, en el que coexisten distintos modelos de financiamiento sin un marco común eficaz para la gestión de crisis de deuda. África y América Latina concentran de manera particularmente aguda estas tensiones. Ambas regiones combinan altos niveles de endeudamiento externo, estructuras productivas dependientes y una inserción internacional vulnerable a shocks financieros y geopolíticos. Pero también muestran una creciente disposición a explorar estrategias de diversificación financiera, aprovechando la competencia entre acreedores para ampliar —aunque sea de forma limitada— sus márgenes de maniobra.
El FMI en el siglo XXI: adaptación discursiva y continuidad estructural
El Fondo Monetario Internacional atraviesa una fase de redefinición ambigua. Por un lado, ha incorporado elementos discursivos y programáticos que reconocen los límites del paradigma de ajuste ortodoxo: mayor atención a la protección social, reconocimiento del impacto regresivo de ciertos recortes fiscales y aceptación —al menos retórica— de la necesidad de políticas contracíclicas en contextos excepcionales. La emisión extraordinaria de Derechos Especiales de Giro en 2021 y los debates actuales sobre su reasignación hacia países vulnerables reflejan esta adaptación. No obstante, en la práctica, el FMI continúa desempeñando una función central que trasciende su rol como prestamista. Su papel principal es el de ancla de credibilidad del sistema financiero internacional. En un entorno de alta incertidumbre, los programas del Fondo actúan como señal para los mercados privados, indicando que un país está dispuesto a adoptar medidas que garanticen la prioridad del servicio de la deuda. Desde esta perspectiva, las condicionalidades no son un residuo ideológico del pasado, sino un componente funcional de un sistema que busca preservar la estabilidad financiera global, incluso a costa de restringir opciones de desarrollo. En la coyuntura actual, marcada por tipos de interés altos y menor liquidez internacional, esta función se ha intensificado. Países que durante la década de 2010 lograron financiarse en mercados internacionales hoy enfrentan un cierre parcial de esas vías y regresan al FMI como prestamista de último recurso. América Latina ilustra bien esta dinámica: el retorno del Fondo no responde a un giro ideológico, sino a una reconfiguración estructural del ciclo financiero global.
El problema no radica únicamente en las políticas que el FMI prescribe, sino en la posición jerárquica que ocupa dentro del sistema. Su estructura de gobernanza sigue reflejando una distribución de poder heredada, lo que limita su capacidad para actuar como árbitro neutral en un contexto de creciente pluralidad de acreedores.
China y el financiamiento bilateral: poder sin arquitectura sistémica
La expansión del financiamiento chino ha alterado de manera significativa el ecosistema de la deuda internacional, pero su alcance y sus límites deben analizarse con precisión. China se ha convertido en el principal acreedor bilateral de numerosos países africanos y latinoamericanos, ofreciendo préstamos orientados a infraestructura, energía y conectividad. Este enfoque responde a una lógica pragmática: asegurar acceso a recursos, abrir mercados para empresas chinas y consolidar vínculos estratégicos de largo plazo. En el presente, el atractivo del financiamiento chino reside menos en su volumen que en su flexibilidad política. En un contexto de fatiga con el FMI y creciente contestación social a los programas de ajuste, los préstamos chinos aparecen como una alternativa que permite evitar condicionalidades explícitas y acelerar proyectos visibles de desarrollo. Sin embargo, esta ventaja coyuntural encierra riesgos estructurales.
China no actúa como un acreedor sistémico en sentido pleno. Su moneda no ocupa una posición central en el sistema financiero internacional, y su sector financiero no está diseñado para absorber pérdidas de manera colectiva. Por ello, ante crisis de deuda, la respuesta china tiende a ser bilateral, fragmentada y defensiva, priorizando la renegociación de plazos antes que quitas sustantivas. Esta estrategia preserva intereses inmediatos, pero dificulta soluciones integrales cuando la insolvencia es estructural. En el futuro inmediato, esta limitación se volverá más visible. A medida que un mayor número de países enfrenten problemas simultáneos de deuda, la ausencia de mecanismos colectivos eficaces —y la reticencia china a institucionalizarlos— aumentará la presión sobre el sistema financiero global.
La interacción entre el FMI y China no configura una competencia abierta, sino una superposición de lógicas incompatibles. El Fondo insiste en marcos multilaterales, transparencia y sostenibilidad de la deuda; China privilegia la negociación directa y la preservación de relaciones bilaterales estratégicas. Esta coexistencia no genera un equilibrio virtuoso, sino una fragmentación que complica la gestión de crisis. En la práctica, los países deudores recurren a una estrategia de combinación de fuentes: financiamiento multilateral para estabilizar variables macroeconómicas, préstamos bilaterales para proyectos estratégicos y acceso puntual a mercados privados cuando las condiciones lo permiten. Esta diversificación amplía el margen de maniobra en el corto plazo, pero también dispersa la responsabilidad y dificulta la coordinación entre acreedores. El Marco Común del G20 para el tratamiento de la deuda refleja este problema. Concebido como un espacio de convergencia, ha mostrado una eficacia limitada precisamente porque ningún actor posee la capacidad —ni la voluntad— de ejercer liderazgo sistémico. El resultado es un sistema que gestiona crisis de forma reactiva, caso por caso, sin abordar sus causas estructurales.
América Latina y África ante el futuro de la deuda
Para África y América Latina, el escenario futuro no apunta a una emancipación financiera clara, pero tampoco a una restauración simple del viejo orden. Ambas regiones enfrentarán una década de restricciones externas, marcada por menor liquidez global, exigencias de transición energética y mayores tensiones geopolíticas. En este contexto, la deuda seguirá siendo un instrumento central de condicionamiento, pero también un espacio de negociación.
Brasil emerge como un actor relevante en este proceso. Su posición como gran economía regional y miembro de los BRICS le permite actuar como intermediario normativo, promoviendo reformas graduales de la gobernanza financiera sin desafiar frontalmente el sistema existente. El fortalecimiento de instituciones como el Nuevo Banco de Desarrollo y los debates sobre monedas locales en el comercio internacional apuntan en esa dirección. Sin embargo, estas iniciativas no sustituyen al FMI ni al sistema financiero dominante. Funcionan como complementos estratégicos, que amplían opciones pero no alteran la estructura de poder subyacente.
La dinámica actual de la deuda soberana refleja un orden internacional en transición, caracterizado por la ausencia de un consenso hegemónico claro. La competencia entre el FMI y China no representa una alternativa estructural, sino una fragmentación del ejercicio del poder financiero, donde distintos actores imponen restricciones por vías diferentes. La cuestión central no es quién presta, sino quién define las reglas. En ausencia de una reforma fundacional de la arquitectura financiera internacional, la deuda continuará funcionando como un mecanismo de gobernanza informal que limita la autonomía del Sur Global. África y América Latina no son meros escenarios de esta disputa, pero su capacidad de transformar dicho sistema sigue siendo estructuralmente limitada.
El futuro inmediato apunta a un mundo en el que la deuda no desaparece como instrumento de poder, sino que se vuelve más negociada, más opaca, más dispersa. Comprender esta transformación es esencial para analizar no solo las finanzas internacionales, sino el propio devenir del orden global en el siglo XXI.
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