Advertía el diplomático español y antiguo Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel, Ángel Losada, que esta región significa la nueva frontera de Europa. La afirmación condensa el desplazamiento geopolítico que ha dejado de situar la seguridad europea en sus límites territoriales inmediatos para proyectarla hacia espacios donde confluyen fragilidad estatal, competencia entre potencias y redes transnacionales de violencia. En este contexto, el Sahel se ha transformado en el escenario más nítido de una mutación más amplia. El retroceso de la influencia occidental, ha abierto paso a actores que operan al margen de marcos normativos. De este modo, la región no solo refleja la crisis del orden internacional liberal, sino que actúa como catalizador de paradigma en la seguridad colectiva que obliga a la UE a replantear su papel como proveedor de estabilidad en su vecindad ampliada.
Caracterizar al Sahel como el canario en la mina para el orden liberal mundial supone señalar que es una región donde se produce el cuestionamiento del orden internacional sustentado en tres transformaciones convergentes. La primera de ellas supone la erosión relativa del modelo occidental tanto en términos de resultados operativos como de legitimidad política. Durante más de una década, Francia lideró la respuesta militar contra la amenaza terrorista a través de las misiones Serval y Barkhane, desplegando a más de 5000 efectivos. Paralelamente, la UE impulsó misiones como EUTM Mali o EUCAP Sahel Mali. Sin embargo, datos del European Council of Foreign Affairs indican que las muertes relacionadas con los conflictos en el Sahel se multiplicaron por 5 entre 2018-2024. Este desfase entre inversión y resultados ha erosionado la legitimidad de la presencia occidental y ha llevado a la población y dirigentes de estos países a buscar otros modelos políticos.
Este vacío ha provocado la segunda transformación: la llegada de nuevos actores que operan bajo las lógicas transaccionales. En este caso Rusia es el ejemplo claro. A través del Grupo Wagner, y estructuras posteriores mas formalizadas, ha desplegado un modelo de “seguridad a cambio de recursos”. Los motores de su éxito son la guerra informativa y la capacidad para sacar provecho de los resentimientos anticoloniales. Otros actores como Turquía y Emiratos Árabes Unidos han incrementado su presencia mediante inversiones en infraestructuras. Este modelo responde al esquema que Richard Haas define como “orden no ordenado” donde proliferan acuerdos ad hoc basados en intereses inmediatos más que en normas compartidas.
La última transformación es la evolución de las amenazas hacia formas mas complejas e interconectadas. Los grupos yihadistas como Jama’at Nusrat al Islam wal Mulimin o Estado Islámico no operan como organizaciones terroristas clásicas. Controlan territorios, gestionan economías locales y establecen relaciones con comunidades, lo que dificulta su erradicación mediante estrategias puramente militares. A ello se suma la dimensión transnacional de fenómenos como el trafico de drogas, armas y personas. Así, Agadez, al norte de Níger se ha convertido en un “hub” de la droga para su distribución en los países vecinos hasta llegar a Europa.
Este cambio no solo redefine las reglas de intervención, sino que reduce el margen de eficacia de la UE. El principal problema del bloque europeo en esta región no es la ausencia de instrumentos, sino en la desconexión entre los medios desplegados y la naturaleza del entorno. El primer gran obstáculo es la inestabilidad política estructural. El Sahel ha sufrido en los últimos años lo que el Secretario General de NNUU, Antonio Guterres, definió como una oleada de golpes de Estado. No solo ha generado una crisis de legitimidad interna, sino que han alterado profundamente los mecanismos de cooperación regional y de apoyo internacional. Cada golpe de Estado implica reiniciar procesos, renegociar acuerdos y redefinir interlocutores. La gobernanza se convierte así en un ciclo de reconstrucción permanente sin consolidación.
Otra de las dificultades que encuentra la UE es la crisis humanitaria que asola la región. No se trata de un fenómeno paralelo a la inseguridad, sino de un componente estructural de la misma. Según datos de NNUU, alrededor de 33 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en estos países. En este contexto, la UE ha intentado abordar este problema a través de diversas iniciativas como el Fondo Fiduciario de Emergencia para África o el anuncia de la Comisión de un paquete de 235 millones de euros en ayuda humanitaria. No obstante, los resultados tienden a ser limitados por dos razones. Por un lado, existe una desconexión temporal. El Sahel es un lugar donde la violencia puede alterar la realidad en cuestión de semanas. Por otro lado, la creciente restricción del acceso humanitario. Grupos armados han implementado bloqueos en localidades, aislando comunidades enteras y dificultando la labor de la cooperación externa.
En conjunto, los retos intrínsecos del Sahel muestran un bloqueo estructural de la acción exterior europea. No se trata de fallos puntuales de implementación, sino de un entorno donde los supuestos básicos de estabilización están debilitados o ausentes. Estos límites están reconfigurando el futuro de la región, obligando a la UE a replantear sus instrumentos, su grado de implicación y su propia concepción de seguridad. Por ello, Europa está trabajando para mejorar el dialogo con los gobiernos de la región. En este sentido, adquiere relevancia la lógica del “minilateralismo” entendido como la articulación de coaliciones flexibles orientadas a objetivos concretos. La cooperación en áreas clave como la agricultura, la educación, la sanidad o el fortalecimiento de las estructuras estatales resulta esencial. Otra cuestión en la que la UE debería trabajar para mejorar su imagen es saber traducir su acción exterior en legitimidad perceptible donde interviene. El proyecto del Puente de Rosso es paradigmático, pues a pesar de ser financiado en gran parte por la UE, es identificado como el “Puente chino” por ser ejecutado por una empresa china.
Por ello, la UE de cara a los países del Sahel y su propia legitimidad debería implicar de forma mas visible a actores locales en la identificación de las iniciativas europeas y desarrollar una política de “marca geopolítica” coherente. En este contexto, España sí ha sabido forjarse una posición estratégica en la región. Aparte de ser uno de los estados miembros más activo en las misiones como la EUTM Mali y la EUCAP Sahel Mali; nuestro país ha desarrollado una importante política de cooperación a través de la AECID en resiliencia alimentaria y acceso al agua. Mauritania es el principal socio operativo en la región por medio de acuerdos de cooperación policial para la formación de unidades de control y de memorandos de entendimiento firmados en la primera reunión de alto nivel entre los dos países en 2025. A partir de la experiencia española, la UE podría reformular su propia política exterior hacia el flanco sur, abandonando la lógica de “arquitecto del orden” para asumir progresivamente la de “gestor de la complejidad”.
El Sahel se constituye el canario en la mina para el orden liberal mundial. En este contexto, la UE enfrenta un doble desafío: la perdida de efectividad de sus instrumentos de estabilización, y la necesidad de adaptarse a un entorno mas fragmentado. Las proyecciones apuntan a un Sahel marcado por soberanías parciales, alianzas flexibles y competencia geopolítica La respuesta europea, incluida la postura española, muestra esfuerzos de adaptación, pero también limites en términos de proyección de influencia que reclaman un mayor interés de mejora. El Sahel es la nueva frontera avanzada de Europa, pues lo que ocurra en esta región no solo condiciona la estabilidad del entorno inmediato, sino que anticipa el tipo de orden internacional al que Europa deberá adaptarse.
Loreto Arnau Moreno, Analista Colaboradora
