A pesar del ruido mediático de enero, hay una constatación que no admite ambigüedad: las protestas antigubernamentales que han sacudido Irán en las últimas semanas han alcanzado una intensidad y un alcance que ponen en cuestión la estabilidad del régimen. Lo que comenzó como un estallido motivado por la crisis económica con el desplome del rial como detonante, se ha transformado en un desafío político de alto voltaje cuyo tratamiento por parte del poder ha sido esencialmente represivo.
No hay duda en cuanto el foco inicial del descontento fue económico. El derrumbe del valor de la moneda, la inflación y las dificultades para operar en un mercado cada vez más volátil hicieron saltar chispas en el sector comerciante del Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron concentrarse protestas y cierres de tiendas. Ese movimiento bazarí ha históricamente un aliado del movimiento islámico y fue clave en la revolución de 1979. En la actualidad tenía un carácter meramente simbólico, pero ha pasado a ser un actor movilizador por motivos materiales: el impacto directo de las fluctuaciones monetarias en sus negocios.
Con todo ello, cabe preguntarse por qué son distintas estas protestas de cualquiera de las anteriores. Hay tres rasgos que distinguen este ciclo de los anteriores. Primero, la amplitud social: al malestar popular tradicional encabezado por estudiantes o trabajadores urbanos se ha sumado un actor tradicionalmente conservador y poderoso: los comerciantes del bazar. Segundo, la dimensión territorial, ya que las protestas confluyeron en provincias menos esperadas y llegaron a áreas del oeste como Ilam, provincia de mayoría Kurda, ampliando el mapa de descontento. Tercero, el tono de las consignas: en muchas ciudades las demandas económicas mutaron rápidamente a exigencias políticas explícitas, incluyendo críticas directas a la cúpula y al líder supremo.
Es importante la expansión geográfica de las movilizaciones. Se documentaron manifestaciones en las principales ciudades y en las 31 provincias del país, con vídeos que mostraron enfrentamientos y cierres de mercados y calles. En Ilam y otras localidades del oeste se vieron protestas significativas, lo que desmonta la narrativa de que las revueltas son exclusivas de núcleos urbanos o de la capital.
Esta expansión a nivel geográfico a ilustrado una división generacional marcada: la cohorte mayor, formada por personas de 55 años o más aún muestra adhesiones al sistema revolucionario; mientras que las generaciones posteriores, educadas, conectadas por internet y con experiencias de movilidad internacional, reclaman libertades y cambios que no pasan por la reforma cosmética del régimen.
Frente a la expansión, el régimen optó por la contención estricta. La respuesta combinó apagones selectivos de internet, despliegues de fuerzas de seguridad, y una campaña masiva de detenciones. Informes recientes apuntan a miles de arrestos y a un elevado número de víctimas mortales durante la represión, lo que subraya que las autoridades interpretan estas movilizaciones como una amenaza existencial y las tratan en consecuencia.
Contexto regional e internacional
Irán llega a estas movilizaciones en una posición debilitada en el tablero regional. El año anterior estuvo marcado por ataques a infraestructuras iraníes, incluyendo bombardeos que apuntaron a instalaciones nucleares y a centros logísticos, y por episodios militares que han erosionado parte de su capacidad de proyección como la guerra de los 12 días contra Israel. Además, la lógica de rivalidad con potencias regionales obliga a Teherán a apoyarse en redes de aliados y red de proxies para sostener influencia donde no tiene fronteras directas con sus enemigos. En este marco, el despliegue reciente del grupo de ataque del portaviones al Golfo Pérsico ha aumentado aún más la incertidumbre sobre el margen de maniobra militar y diplomático en torno al régimen iraní.
Consecuencias inmediatas: debilitamiento estructural y legitimidad
La primera consecuencia es política y estructural: estas protestas han mostrado fracturas del régimen y han puesto al descubierto su fragilidad operativa. Cuando el poder percibe una amenaza existencial, cualquier medida de contención puede considerarse legítima desde su lógica, incluida la represión letal, lo que incrementa el coste humano y profundiza el aislamiento internacional.
A escala económica, el cierre parcial del comercio, la inestabilidad cambiaria y la fuga de capitales agudizan la crisis que originó las protestas. A escala jurídica y de derechos humanos, los nuevos informes de detenciones masivas y presuntas torturas complican la normalización internacional de relaciones con Teherán.
Con todo ello, cabe preguntarse si existe un riesgo de guerra o de escalada regional. La posibilidad de que estas protestas desemboquen en un conflicto regional existe, ya que Irán es un actor con capacidad desestabilizadora, pero no es el desenlace más directo. Geopolíticamente, Irán no comparte frontera con sus adversarios principales, ni con Israel ni con Arabia Saudí, lo que lo obliga a utilizar proxies para proyectar poder. Ese patrón reduce, aunque no elimina, la probabilidad de una guerra convencional entre Estados limítrofes. No obstante, la combinación de agresiones previas a infraestructuras estratégicas, el incremento de coacción militar y la retórica hostil aumentan la posibilidad de episodios de alta intensidad.
Preocupa sobre todo los posibles ataques puntuales sobre objetivos militares o infraestructuras, por parte de actores como Estados Unidos. En términos de intención, la hipótesis más plausible a día de hoy es la de ataques puntuales orientados a degradar capacidades no una invasión para derrocar al régimen. Ese patrón encaja con precedentes recientes y con la doctrina de intervenciones selectivas reflejada en la Estrategia de Seguridad Nacional Estadounidense. Estados Unidos no se va a involucrar en “guerras eternas”, pero va a impedir que otras potencias, como China, ganen influencia en la región.
Asimismo, todo esto deja entrever diversos escenarios futuros. En primer lugar, cabe pensar en un escenario dónde el régimen sofoca las protestas con fuerza y control informativo. En este escenario el coste social y económico es alto, pero la cúpula sobrevive. Otro escenario sería un cambio parcial, en el que las protestas obligan a concesiones limitadas, con algunos cambios en la cúpula islámica a nivel estético, que no alteran la esencia teocrática del régimen. Esto no parece probable dada la intensidad de las respuestas por parte del régimen. Por último se contempla el escenario de un colapso gradual interno producido por las fracturas militares e islámicas. Sea cual sea el escenario, las principales víctimas serán la sociedad civil y los sectores más vulnerables; los cambios profundos requieren tiempo, fracturas elites y una dinámica institucional que hoy no está garantizada.
Las protestas iraníes no son una ola más: su carácter transversal marca un umbral distinto e histórico. El régimen responde con la receta conocida: represión y control; el contexto internacional, sin embargo, añade presión y ambigüedad. En el tablero geopolítico, Irán sigue siendo una pieza central: su debilitamiento tiene consecuencias para el orden regional, las cadenas de influencia y la estabilidad energética global. Pero el futuro inmediato es incierto: la historia de la región muestra que los procesos de cambio son prolongados y frágiles. Para comprender lo que venga debe vigilarse tanto la evolución interna como las respuestas externas, evitando un establecimiento de un régimen externo y artificial. No habrá guerra regional, pero estamos en una época de cambios.
