Las actuaciones recientes de Estados Unidos en escenarios como Venezuela, Groenlandia o Irán han reabierto el debate sobre los límites de la legalidad internacional y el uso del poder por parte de las grandes potencias. Más allá de las interpretaciones políticas, varias de estas decisiones han sido cuestionadas por su encaje en el derecho internacional y por el precedente que pueden sentar en un sistema global cada vez más tensionado.
El problema de fondo no radica únicamente en la erosión puntual de normas o consensos, sino en el efecto que estas dinámicas pueden tener sobre otros actores revisionistas. Cuando una potencia actúa de forma unilateral o relativiza marcos jurídicos consolidados, contribuye —aunque sea de forma indirecta— a debilitar la credibilidad del orden internacional. En este contexto, el caso de Taiwán adquiere una relevancia central.
La cuestión taiwanesa constituye uno de los principales focos de fricción estratégica del sistema internacional. Para Pekín, la “reunificación” con la isla forma parte de un objetivo histórico y político prioritario. Xi Jinping ha reiterado en numerosas ocasiones que la reunificación es una meta irrenunciable y que China no descarta el uso de la fuerza para alcanzarla. Sin embargo, esta cuestión requiere un análisis cuidadoso: Taiwán no está ampliamente reconocido como un Estado soberano independiente por la mayoría de la comunidad internacional, pero tampoco está bajo el control efectivo de la República Popular China. La isla cuenta con instituciones propias, sistema político democrático y una autonomía de facto que convierte su estatus en una de las cuestiones más complejas de la política internacional contemporánea.
Más allá del plano discursivo, la presión china sobre Taiwán se ha intensificado en los últimos años mediante una estrategia de coerción gradual. Esta incluye maniobras militares, presión diplomática y una creciente actividad aérea y naval en torno a la isla. En 2022, por ejemplo, se registró un número récord de incursiones de aeronaves chinas en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán. Conviene precisar que estas incursiones no implican necesariamente una violación del espacio aéreo soberano taiwanés, pero sí reflejan una estrategia sostenida de desgaste y presión psicológica.
Este aumento de la presión se produce en paralelo al fortalecimiento de las capacidades militares chinas. El presupuesto de defensa de Pekín se sitúa entre los mayores del mundo, y el Ejército Popular de Liberación ha experimentado una modernización acelerada en capacidades navales, aéreas y de misiles. En consecuencia, la cuestión de Taiwán ya no puede entenderse únicamente como una disputa simbólica o retórica, sino como un escenario real de posible alteración del statu quo regional.
A ello se suma una visión flexible por parte de Pekín respecto al derecho internacional cuando este entra en conflicto con sus intereses estratégicos. El rechazo de China al fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de 2016 sobre el Mar del Sur de China evidenció su disposición a cuestionar mecanismos jurídicos multilaterales si considera que afectan a sus objetivos nacionales. En el caso de Taiwán, esta lógica se refuerza además mediante instrumentos internos como la Ley Antisecesión de 2005, que proporciona una base legal doméstica para justificar una eventual acción coercitiva.
La importancia de Taiwán, además, trasciende la dimensión territorial. La isla ocupa una posición estratégica en las cadenas globales de suministro, especialmente en la industria de semiconductores avanzados. Empresas taiwanesas, en particular TSMC, concentran una parte muy significativa de la producción mundial de chips de alta gama, esenciales para sectores como la defensa, la automoción o la inteligencia artificial. Un conflicto en el estrecho tendría, por tanto, consecuencias económicas globales inmediatas.
En este escenario, la política exterior de Estados Unidos desempeña un papel decisivo. Washington ha mantenido durante décadas una estrategia de “ambigüedad estratégica” respecto a la defensa de Taiwán, sustentada en la Taiwan Relations Act. Esa ambigüedad ha sido útil para disuadir tanto una declaración formal de independencia por parte de Taipéi como una intervención militar china. Sin embargo, cuando Estados Unidos proyecta una imagen de unilateralismo o de escasa vinculación con las normas que ha contribuido a construir, puede debilitar el efecto disuasorio de su propia postura.
La relación causal no es automática, pero sí relevante: si Pekín percibe que el coste reputacional y político de vulnerar determinadas normas internacionales se reduce, su cálculo estratégico sobre Taiwán puede verse alterado. En otras palabras, la erosión del orden internacional no genera por sí sola un conflicto, pero sí puede ampliar el margen de maniobra percibido por actores dispuestos a desafiarlo.
Taiwán no es únicamente un posible foco de crisis futura: es una prueba de resistencia para el equilibrio internacional. Lo que ocurra en torno a la isla no dependerá solo de la voluntad de China, sino también de la solidez de las normas, alianzas y mecanismos de disuasión que han sostenido la estabilidad en Asia-Pacífico durante décadas.
Marcos Ramírez Hernando, Colaborador
