España y la geopolítica del gas: cuestión de diversificación, interconexión y autonomía en un mercado en crisis

La energía no es una mera cuestión física, se trata de un recurso estratégico. Como tal, es fundamental para el desarrollo económico, el transporte y comercio internacional, la industria y seguridad de los Estados y un largo etcétera de factores que terminan condicionando las relaciones de dependencia interestatales. Aunque el control de los recursos energéticos siempre ha sido un instrumento de poder, recientemente observamos cómo la energía vuelve a ser foco de rivalidad entre potencias. Los hitos energéticos acontecidos en Ucrania (2022) y Ormuz (2026) pusieron a Europa contra las cuerdas, asumiendo precios sin precedentes y pasando los inviernos con las reservas más bajas de Gas Natural (GN) en los últimos años. En este contexto, España aparece como actor singular, cuya coyuntura invita a repensar los términos de la autonomía estratégica.

España en el plano global del gas: dependencia y diversificación

España ha estado en una posición ventajosa en lo que a estas crisis se refiere. Según los datos sobre abastecimiento de CORES, solamente el 2% del gas que llega a España transita por Ormuz, y Oriente Próximo no ha sido un proveedor de gran peso. De los países que conforman la cartera de proveedores española, Argelia, Estados Unidos y Rusia son los Estados principales que abastecen la demanda de GN de España. Esta composición se ha conseguido siguiendo una estrategia de diversificación tanto de recursos como de proveedores de GN, buscando tener una mayor autonomía estratégica y ser menos vulnerable a shocks geopolíticos como la suspensión del tratado de amistad con Argelia o las crisis de gas mencionadas.

Podemos decir que se han hecho los deberes. La dependencia identificada con Argelia como socio estratégico generaba una vulnerabilidad clara, debido a la volatilidad política de las relaciones con dicho Estado y a la compleja relación trilateral que tenían Argelia y España con Marruecos. No obstante, la misma lógica puede volverse en contra de España. En ese viaje de diversificación, se ha llegado a una composición en que Estados Unidos y Argelia son proveedores de dos tercios de la demanda de gas española. Sigue existiendo, por tanto, una clara concentración en dos suministradores que, a su vez, tienen intereses propios. Las relaciones hispanoargelinas no han estado nunca exentas de altibajos, complicando la toma de decisiones políticas si se tiene en cuenta la eterna rivalidad y relación de “frenemies” de los dos grandes del Norte de África: Marruecos y Argelia. Así pudo vivirse con el cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME). Washington, por su parte, insiste en que Europa se abastezca de GN licuado (GNL) en el marco de sus relaciones comerciales. Sin embargo, que un proveedor sea fiable en términos de estabilidad política no exime de su capacidad potencial de ejercer presión. No se trata de elegir un proveedor predilecto que asegure estabilidad eterna, sino de conseguir tener la capacidad de decidir en cada cuestión.

Otro importante proveedor de gas para España es Moscú. Por instancia de la Unión Europea, y por compromiso con los valores de la sociedad internacional, se pretende prescindir de Rusia como principal proveedor. Hacerlo reduce la exposición a un suministrador hostil y evita la indirecta financiación de la guerra con Ucrania, pero también nos empuja a sustituir los volúmenes con los de origen estadounidense. Estamos entonces ante una disyuntiva que plantea retos no solo energéticos, sino también estratégicos. Cambiar la dependencia de Moscú por la de Washington no nos lleva a ganar autonomía. De nuevo, el valor de la actuación residirá en la capacidad de mantener un margen de maniobra y capacidad de decisión.

España: la isla energética

Tampoco conviene ser ilusamente optimistas, una buena posición no es garante de inmunidad. La Estrategia de Seguridad Energética de 2015 ya exponía la condición de isla energética que tiene la península. Las interconexiones que tiene España con vecinos como Francia son limitadas. Esto lo compensa con su capacidad regasificadora, una de las mayores de Europa. El GNL llega en buques metaneros para ser regasificado en las plantas españolas, y sin embargo, no tenemos capacidad de interconexión suficiente que nos haga servir de puente con Europa. Una oportunidad sin duda por explotar. El refuerzo de las interconexiones transformaría el peso político que tiene España dentro de la UE en materia gasística. Aun así, el desarrollo de las mismas deberá procurar ser conciliable con la transición energética, sin hipotecar la descarbonización ni tirar por la borda los avances en dicha materia conseguidos.

El gas se negocia en un mercado global, donde las dinámicas de competencia nos obligan a relacionarnos en un espectro más amplio y no tan regionalizado como antes del boom de comercialización del GNL. España compite con Asia por cargamentos asumiendo precios en sus niveles más altos desde 2022. El abastecimiento no nos exime de las tensiones del mercado. En su camino por reducir la dependencia, España no se ha volcado hacia la autarquía. La soberanía energética es perfectamente compatible – y en el mundo globalizado en que vivimos inevitable – con la relación comercial con otros actores estatales. Ahora bien, tomar decisiones con visión cortoplacista puede comprometer las ventajas conseguidas.

En suma, si bien España tiene una posición aprovechable, no es inmune a los cambios geopolíticos y de mercado. La diversificación conseguida le permite aprovechar la competencia de proveedores, pero debe evitar generar una dependencia excesiva de cualquiera de ellos. Asimismo, el gran reto es el del desarrollo de mayores y mejores interconexiones, manteniendo compromisos a largo plazo con los objetivos de seguridad energética y descarbonización. En un mundo en plena transformación, el caso español es muestra de que la dimensión energética entraña cuestiones políticas, y la influencia no depende de poseer los recursos, sino que hay que entender quién produce energía, quién la controla, quién depende de quién y qué costes económicos y ambientales tiene su utilización.

Adriana Campos Rodríguez, Colaboradora