De aliados a enemigos: la ruptura entre el PCC y el Comando Vermelho
En Brasil la lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas es una verdadera lucha de poder entre el Comando Vermelho (CV), nacido en las cárceles de Río de Janeiro durante la dictadura militar, y el Primeiro Comando da Capital (PCC), surgido décadas después en Sao Paulo como respuesta a la represión estatal. A finales de 2016 a causa de tensiones por las rutas de narcotráfico la alianza entre estos dos grupos de origen carcelario se quebró. Lo cual desató una ola de violencia en las prisiones brasileñas que se extendió por seis regiones del país y que sigue siendo una de las guerras criminales más sangrientas de América Latina.
Por una parte el Comando Vermelho es la organización criminal más antigua de Brasil; por otra, las alianzas estratégicas y la capacidad de organización del PCC lo han convertido en una banda más influyente en Sudamérica. En este panorama la violencia represiva y la ineficiencia institucional no parecen estar siendo efectivas para aplacar a estos grupos. La acción policial y militar contra estos grupos será pues sujeto de análisis en mi siguiente artículo, este, por lo pronto, se centra en contextualizar la situación y comparar dos modelos de poder criminal: el carioca y el paulista.
El Comando Vermelho: de la Falange a la hegemonía carioca
La organización criminal más antigua de Brasil nació a finales de los 70 en el Instituto Penal Cândido Mendes, en la Ilha Grande, Río de Janeiro. Allí, de la convivencia de delincuentes comunes y presos políticos de izquierda encarcelados durante la dictadura militar de Ernesto Geisel, nació la Falange Vermelha, un grupo de autoprotección interna que pronto trascendió los muros carcelarios.
En sus inicios la aquellos miembros de la Falange Vermelha que salían de la cárcel robaban bancos para sostener a los presos que quedaban y financiaban su supervivencia en las duras condiciones del sistema penitenciario brasileño. Más tarde, en los 80 abandonaron su ideología y organización interna (heredada de los presos políticos) y se enfocaron en el crimen organizado, su nombre cambió a Comando Vermelho. Y se convirtió en una red criminal centrada en el control del narcotráfico en las favelas de Río.
En las favelas, el CV impuso un orden paralelo: ofrecía seguridad, empleos, servicios y mediación de conflictos. Por ello ganaron el apoyo de las comunidades que se sentían abandonadas por el Estado. Para 1985, el grupo se había hecho con el control de alrededor del 70% de los puntos de venta de drogas en Río. A pesar de las divisiones internas que dieron origen a facciones como el Tercer Comando Puro (TCP) o Amigos dos Amigos (ADA), el CV se mantuvo en la cima del crimen organizado.
Durante la década de 2010, el gobierno, junto con el control de rutas amazónicas de cocaína, impulsó la nacionalización del grupo por su estrategia de traslado de los líderes del CV a prisiones en distintos estados, lo cual permitió que establecieran redes criminales en el norte y el oeste de Brasil. Su crecimiento explica en parte como la coexistencia con el PCC se ve perjudicada al coincidir ambos en su expansión y el fin de la alianza entre ambos en 2016.
El Primeiro Comando da Capital: de la masacre de Carandiru a la mafia multinacional
El Primeiro Comando da Capital fue fundado más tarde, en 1993, también en una cárcel, esta vez en Sao Paulo. Nació de la dura represión estatal en el 92 en Carandiru, en esa masacre 111 reclusos fueron asesinados por la policía militar durante un amotinamiento. A la vista de la impunidad de los policías, 8 presos en otra prisión deciden fundar el PCC para “luchar contra la opresión del sistema carcelario, vengar a los 111 hermanos muertos y garantizar el respeto y la unión entre los presos”. No obstante este foco en la libertad, la justicia y la paz como ideología perdió centralidad con el liderazgo de Marcola a partir de los 2000.
A principios de siglo el PCC se transforma en una organización criminal racionalizada y empresarial, aunque no pierde su estructura sindical y disciplinaria de sus raíces políticas y eso le permite ser más disciplinada y eficiente que el resto de organizaciones criminales de Brasil. En 2001, el PCC coordinó motines simultáneos en 29 cárceles del estado de Sao Paulo, involucrando cerca de 28 mil presos en tan solo 27 horas, lo cual demostró su alcance y conllevó la etiqueta de organización criminal por parte del Ministerio Público. Estos motines supusieron el ascenso de Marcola y por lo tanto la transición de una estructura piramidal a una estructura celular. Un modelo descentralizado, organizado en células llamadas Sintonías y que dificulta las investigaciones y alimenta su crecimiento orientado al tráfico internacional de cocaína.
En 2006 el PCC paralizó Sao Paulo con cientos de ataques contra policías y autobuses donde murieron más de 500 personas demostrando la expansión de su poder más allá de las cárceles. En los siguientes 10 años, en parte por culpa de la política estatal de trasladar a líderes encarcelados a prisiones en otros estados, la organización estableció contacto con otras facciones y se diseminó a nivel nacional, estando activo de forma hegemónica o aliada en todos los estados en 2016. En este período (2000-2016) el PCC generaba un 80% de su beneficio con el tráfico de drogas. La policía y los medios estiman que alrededor de unos 200 millones de dólares anuales sin contar el lavado de dinero.
La dinámica del PCC se basó por años en buscar activamente la cooperación con los grupos locales y evitar conflictos. Esta expansión y la capacidad de establecer alianzas fueron facilitadas por la política que mencionaba antes en que el Estado traslada a los principales líderes de ambas bandas a prisiones federales en otros estados, lo cual permitió el contacto con diversas facciones y la consolidación de una red nacional y marcó el inicio de la competición.
2016-2025: Guerra por la cocaína
La ruptura entre el PCC y el CV a finales de 2016 inició un conflicto largo que se centró principalmente en el control de las rutas de tráfico de cocaína en Brasil y sus fronteras. Por casi una década, la disputa ha marcado un período de violencia extrema y reconfiguración territorial de ambos grupos en un conflicto que ha combinado la violencia carcelaria, disputas territoriales urbanas, operaciones transfronterizas y una creciente diversificación económica de ambos grupos.
La alianza se desintegró a causa de la ambición del PCC por consolidar la hegemonía nacional y reducir dependencias. La tensión se intensificó tras el asesinato de un traficante independietnte en la frontera Paraguay-Brasil. En octubre de 2016, miembros del PCC invadieron sectores del CV en una prisión de Roraima, resultando en la muerte de diez integrantes del CV lo cual inició abiertamente el conflicto.
El enfrentamiento por el control de los territorios estratégicos se manifestó con fuerza en las prisiones. En enero de 2017, 93 presos fueron ejecutados a causa de disturbios en las cárceles de Manaos y Boa Vista a raíz de la lucha por la Ruta de Solimoes. En este momento el PCC domina 24 estados brasileños, pero el CV, que mantiene presencia en 20 estados, tiene el poder en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, ya que recuperó control en 2023 después de enfrentarse a milicias locales y aseguró más del 50% del territorio bajo su influencia, y en el Amazonas tras absorber facciones de la Família do Norte.
La disputa se concentró en el acceso a mercados internacionales, el PCC consolidó su control sobre la Rota Caipira, que conecta Paraguay y Bolivia con Sao Paulo, asegurando acceso directo a productores de cocaína. El CV, concentró en el norte sus operaciones con rutas provenientes de Perú mediante la ruta en disputa, la Ruta Solimoes. La competencia se extendió incluso a Bolivia, en la zona fronteriza de Santa Cruz con Mato Grosso, donde ambos grupos querían el control de los corredores de paso de la coca.
Durante la guerra ambos grupos diversificaron sus negocios, el PCC se expandió al sector de combustibles, a veces adulterados, para lavar dinero, mientras que el CV desarrolló CVNet, unos servicios de internet clandestinos que aprovechan la ausencia del Estado en ciertas comunidades donde los habitantes están obligados a contratar su servicio y donde el equipo de telecomunicaciones ha sido apropiado por el CV para generar ingresos y controlar el acceso a internet de esas poblaciones.
En febrero de 2025, los líderes de cada grupo -Marcola (PCC) y Marcinho VP (CV)- intentaron establecer una tregua temporal para reducir la violencia y coordinar el control de rutas clave. No obstante, el 28 de abril la tregua cesó. La estructura descentralizada del CV impedía un cese al fuego efectivo a nivel nacional. Se volvió a declarar una guerra abierta entre ambos grupos aunque de manera puntual se coordinen para actividades criminales específicas.
Modelo Carioca vs Modelo Paulista: un choque inevitable
La ruptura entre el PCC y el CV en 2016 y la guerra que le siguió no fueron hechos aislados, sino el resultado lógico de dos modelos criminales que no podían convivir. El modelo paulista del PCC y el modelo carioca del CV están construidos sobre lógicas internas, económicas y territoriales que se excluyen mutuamente, y eso hizo que el conflicto fuera inevitable, incluso cuando ambos intentaron coordinarse, como durante la tregua fallida de 2025.
La primera incompatibilidad aparece en la estructura organizativa. El CV funciona casi como una franquicia: mucha autonomía local, líderes que toman decisiones según el terreno y poco control centralizado. El PCC, en cambio, necesita una coherencia vertical para operar: su estructura jerárquica coordina las sintonias en cadena y exige disciplina para que la máquina funcione. Por eso, cuando los dos intentan ponerse de acuerdo, la alianza se vuelve frágil desde el primer momento. El PCC necesita obediencia; el CV, autonomía. Las dos lógicas se anulan mutuamente.
La segunda incompatibilidad surgió cuando ambos decidieron expandirse. Aunque los dos se beneficiaron de la política estatal de dispersar presos, cada uno lo hizo a su manera. El PCC creció extendiendo su burocracia criminal, enviando emisarios capaces de replicar el modelo sin necesidad de controlar físicamente cada territorio. El CV, por su parte, avanzó combinando contactos hechos en prisión con presencia armada y dominio visible de los barrios y rutas. Cuando estas dos formas de expansión se encuentran —especialmente en la Amazonía, con la disputa por la Ruta de Solimões, o en el centro-sur con la Rota Caipira en manos del PCC— surge el choque: el PCC necesita rutas estables; el CV necesita marcar territorio. Cada avance de uno bloquea el del otro.
En esa misma línea aparece una tercera incompatibilidad. El PCC depende de mantener un perfil bajo y unas rutas funcionando sin sobresaltos; su fuerza está en que “nada se note”. El CV, en cambio, necesita mostrarse, ocupar, proyectar poder para mantener el control cotidiano de las comunidades. Cuando coinciden en un mismo espacio, el choque está garantizado: el modelo de “carreteras seguras y silenciosas” del PCC no puede coexistir con el modelo de “control total del territorio” que sostiene al CV.
Por último, estas diferencias se reflejan también en cómo gobierna cada uno sus espacios. El PCC busca orden, estabilidad y previsibilidad a través de códigos internos relativamente rígidos. El CV, en cambio, necesita presencia constante y control social directo para garantizar su dominio. Son formas de gobernanza que no pueden sincronizarse: uno busca minimizar el ruido, el otro vive de producirlo.
Conclusión: divididos pero no vencidos
La tregua de febrero parecía augurar una negociación. No obstante, su fracaso en abril dejó claro que la estructura y lógica interna de cada organización eran irreconciliables: el PCC requiere disciplina y control logístico y el CV autonomía, visibilizar y dominio territorial. La coexistencia pacífica estaba condenada al fracaso. Este choque de modelos que explica la violencia continúa también destaca la ineficiencia de las estrategias policiales tradicionales, estrategias de represión violentas que de hecho contribuyeron al surgimiento de los grupos en primer lugar, pero que tampoco han llevado a resultados reales en la actualidad. ¿Cómo es posible que la policía siga centrada en medidas de represión violenta, muchas veces poco efectivas, como se ha visto recientemente con la Operaçao Contençao el pasado 28 de octubre?
En el siguiente artículo analizaré cómo el Estado intenta contener esta rivalidad y restaurar el control en los territorios dominados por estas facciones, mostrando los desafíos que enfrentan y las limitaciones de sus estrategias.
Daniel Castilla, Analista
