Bolivia lleva casi cuatro semanas con protestas, bloqueos de rutas y al menos un muerto en operativos policiales. Pero lo más relevante no es lo que ocurre en las calles, sino por qué ocurre, quién se beneficia y qué nos dice sobre la salud política de un país que lleva décadas construyendo un Estado sobre bases que siempre supo que eran frágiles.
Rodrigo Paz Pereira es presidente desde noviembre de 2025. Centroderecha, Partido Demócrata Cristiano (PDC), hijo de un expresidente, con trayectoria propia como alcalde y senador. En apariencia, un perfil sólido. Pero su victoria electoral fue el resultado del colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales. Paz ganó una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha porque el electorado boliviano agotó su paciencia con el socialismo del siglo XXI, no porque el candidato del PDC construyera un movimiento político con raíces propias. Esa diferencia importa. Un gobierno que llega al poder como alternativa al fracaso ajeno tiene legitimidad de origen, pero no tiene masa crítica para gobernar bajo presión. Y eso es exactamente lo que se está viviendo ahora en Bolivia.
Paz, dirigente de centroderecha que llegó al poder tras dos décadas de predominio político del MAS, intenta contener una crisis que mezcla descontento social, disputas de legitimidad política y un adversario (Evo Morales) que opera desde fuera de las instituciones con la eficacia de quien todavía controla estructuras sindicales y territoriales. El problema central del gobierno de Paz es que no tiene con qué negociar. Sin mayoría legislativa, sin base sindical propia y sin margen fiscal, cada concesión que hace se lee en la calle como debilidad, no como voluntad de diálogo. El problema del gobierno es que dialoga con unos y luego aparecen otros dirigentes. La protesta no tiene un solo centro de poder al que ofrecer algo; tiene varios, con agendas distintas que comparten la calle pero no los objetivos.
EL PROBLEMA DE EVO MORALES
El análisis de Morales requiere separar dos capas: la narrativa que él construye y los hechos que la contradicen.
La narrativa es conocida. Morales se presenta como víctima de persecución judicial y política, acusa al gobierno de Paz de aplicar un modelo neoliberal y se coloca del lado de los pobres y los sindicatos. Es un relato que en Bolivia tiene audiencia real, porque Morales gobernó catorce años y durante parte de ese tiempo mejoró condiciones de vida concretas para sectores que antes estaban excluidos. Esa memoria protege su imagen, aunque su gestión haya terminado en crisis.
Sin embargo, los hechos cuentan otra historia. Morales enfrenta un juicio por trata agravada de personas. La acusación sostiene que mantuvo una relación con una adolescente de 15 años durante su presidencia y que habría tenido una hija con ella. La acusación de lawfare es el eje de su estrategia defensiva, aunque la defensa no ha impugnado públicamente la autenticidad de las pruebas reunidas en su contra. Morales no dice que las pruebas son falsas, dice que el proceso es ilegítimo. Son dos argumentos muy distintos, y él eligió el segundo porque el primero no puede sostenerlo.
Según el gobierno, Morales habría promovido las movilizaciones como mecanismo de presión política para desestabilizar al ejecutivo y forzar decisiones institucionales favorables a su situación judicial. Y aquí está el nudo que hace imposible leer estas protestas solo como expresión de malestar social legítimo. Desde su programa de radio, Morales lanzó un mensaje directo al presidente Paz diciéndole que tiene dos caminos: o militarizar, o una transición con elecciones en 90 días. No hay ambigüedad en ese mensaje. Morales no pide mejoras salariales ni combustible, pide la caída del gobierno. Y lo pide desde una región cocalera donde lleva más de 18 meses evadiendo una orden de captura con la protección de sus propias bases.
Lo que hace a Morales un actor tan complejo es que sus intereses personales y los de sus bases no son idénticos, aunque coinciden circunstancialmente. Los campesinos aimaras, los sindicatos y los indígenas que marchan tienen razones genuinas para hacerlo: la inflación, la escasez de combustible y los ajustes del nuevo gobierno. Morales no fabricó ese malestar, pero lo organiza, lo dirige y lo usa. La pregunta relevante no es si hay injusticia social en Bolivia sino si Morales protesta por ella o a pesar de ella.
EL PROBLEMA ESTRUCTURAL
Hay una paradoja incómoda en el centro de esta crisis. El MAS gobernó Bolivia durante veinte años con un modelo de gasto social financiado por la exportación de gas. Ese modelo generó bienestar real, pero también creó una economía que no aprendió a sostenerse sola. El Estado distribuía riqueza que llegaba desde fuera del país, no la generaba desde dentro. Cuando el gas se agotó, no había nada que lo reemplazara. La causa del colapso energético no institucional, ya que las nacionalizaciones de los años del MAS aumentaron los ingresos en el corto plazo, pero destruyeron los incentivos para explorar y diversificar a largo plazo.
Ahora el MAS, desde la oposición, protesta contra las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo hace con éxito, porque la memoria colectiva guarda los años buenos y olvida quién tomó las decisiones que llevaron a los años malos. Paz, mientras tanto, intenta reformar un modelo que no diseñó y que políticamente no puede desmantelar sin provocar protestas significantes.
Además, los bloqueos y protestas no pueden interpretarse únicamente como expresiones espontáneas de malestar social. Detrás aparece una disputa más profunda vinculada al reordenamiento del poder político tras el agotamiento del ciclo dominante del MAS. Lo que está en juego es quién controla el Estado boliviano en la era post-gas. Eso explica por qué ninguna concesión económica del gobierno desactiva las protestas, porque las demandas económicas son el lenguaje, no el objetivo.
LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL
La confrontación ya ha adquirido dimensión internacional. Estados Unidos expresó respaldo al gobierno boliviano y condenó los intentos de desestabilización, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro criticó duramente la respuesta oficial, desencadenando una crisis diplomática entre Bogotá y La Paz que incluyó expulsiones mutuas de representantes diplomáticos. Que Bolivia haya llegado a romper relaciones diplomáticas con Colombia por una protesta interna revela cuánto se ha internacionalizado el conflicto entre la izquierda latinoamericana y los nuevos gobiernos de centroderecha de la región. Bolivia es un caso testigo de una disputa ideológica regional que se libra en cada país con sus propios actores y sus propias reglas.
QUÉ DICE ESTO DEL FUTURO BOLIVIANO
La crisis actual viene siendo comparada con el estallido de 2003, que acabó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La comparación tiene límites importantes. En 2003 había una agenda política más definida y liderazgos claros, y hoy la protesta es fragmentada. Eso la hace más difícil de resolver, pero también más difícil de sostener. Un movimiento que no tiene un interlocutor único tampoco tiene una victoria clara que pueda reclamar.
El escenario más probable no es la caída de Paz ni la victoria de Morales, sino el agotamiento mutuo. Las protestas perderán fuerza sin haber logrado sus objetivos declarados, el gobierno sobrevivirá pero queda políticamente debilitado para emprender cualquier reforma real, y Morales comprará tiempo frente a la justicia sin garantizar nada a sus propias bases.
El problema de fondo es que Bolivia no tiene un camino fácil hacia la estabilidad porque su crisis no es de gobierno sino de modelo. Y cambiar el modelo requiere consenso, tiempo y un liderazgo que pueda decir verdades difíciles sin que la calle le corte las rutas al día siguiente. Es decir, requiere los elementos Bolivia no tiene en este momento.
Gabriela De la Cuesta Megías, Analista Colaboradora.
